PRESTADORES EN DISCAPACIDAD
Este martes se manifestaron familiares de personas con discapacidad, acompañantes terapéuticos, transportistas y otros prestadores, denunciando el ajuste en el área de discapacidad, lo que genera meses de haberes atrasados y la precarización en sus tareas.
Las y los trabajadores del área de discapacidad y las familias reclaman a la Superintendencia de Servicios de Salud y a las obras sociales el pago de haberes atrasados de hasta 5 meses, la NO adecuación del monto hora de cada prestación que ponen en riesgo la continuidad de la atención a personas con discapacidad.
El actual contexto de inflación y los recortes que anunció el gobierno en las áreas de vivienda, educación y salud (sólo en este último área el recorte es de $10.000 millones) fueron la gota que derramó el vaso.
Dentro del Congreso, por la mañana se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados en la que los representantes del sector presentaron los reclamos que vienen levantando en la Carpa Blanca montada frente a Casa Rosada. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) informaron, en cambio, sostienen que los pagos “ya se encuentran regularizados”.
En un comunicado, indicaron que “las transferencias de la AFIP a Obras Sociales nacionales se encuentran regularizadas y que el programa Incluir Salud está realizando sus pagos regularmente”. Pero la realidad es otra hablando con prestadores ,
“Necesitamos que se restablezca la cadena de pagos y que se pague lo adeudado”, señaló Leandro, integrante de la organización Prestadorxs Precarizadxs, que por la tarde también realizó una caravana por Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio y las sedes de AFIP y la SSS.
El Gobierno desmintió versiones extraoficiales que hablan de un DNU con el que modificaría el sistema de prestaciones, y agregó que “actualmente se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con las responsabilidades que les atribuye la Ley 24.901”.
Por último, aclaró: “Rechazamos las versiones periodísticas y las campañas que pretenden confundir y generar incertidumbre entre las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores y las trabajadoras del Sistema”.
“Hay un ajuste brutal que estamos viviendo. El sistema de prestaciones básicas de discapacidad esta completamente vaciado, no están funcionando la mayoría de prestaciones a nivel nacional, no se están dando los certificados de discapacidad, no se están aprobando disciplinas ni horas de las personas con discapacidad, los presupuestos se están ajustando año a año”, expresaron desde la Asociación Civil de Prestadores Unidos.